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por Álvaro García Hurtado – Presidente en Colaboración Estratégica y exministro de Economía, Energía y Segpres.

Si no cambia la disposición a colaborar, los grandes problemas del país seguirán sin ser resueltos. Los 10 años de discusión en torno a la reforma de pensiones, sin que se haya producido ningún avance -más bien un retroceso: hoy hay menos acuerdos que hace unos años- es el más vivo ejemplo de ello.

Los problemas más urgentes que enfrenta el país -la seguridad, el crecimiento, el calentamiento global con la consecuente sequía y la mejora en los servicios sociales (pensiones, salud y educación)- requieren de la colaboración entre múltiples actores para enfrentarlos con éxito. En algunos casos se requiere colaboración política, por ejemplo, para convenir el financiamiento para los servicios sociales. En otros, colaboración público-privada, por ejemplo, para reemprender el crecimiento. Para todos se requiere una disposición favorable y colaborativa de la población. Ningún actor, por sí solo, logrará resolver estos cruciales y urgentes problemas. Sin colaboración, no hay solución.

Sin embargo, pareciera que la colaboración es solo un buen deseo, pocos la practican, al menos en el terreno público, justamente donde es más urgente. En noviembre pasado se publicó la encuesta “Radiografía de la Colaboración Social” realizada por la Fundación Pacto Social, la Cámara Chilena de la Construcción, la Universidad del Desarrollo y Feedback. Lo primero que resalta de sus resultados es la apreciación que la ciudadanía tiene del nulo espíritu colaborativo para enfrentar los problemas nacionales que tienen las principales instituciones del país. Más del 80% de la población cree que los gremios empresariales, los tribunales de justicia, el Congreso y los partidos políticos tienen poca o nada disposición a colaborar.

Desafortunadamente, la situación de las personas no es muy distinta si se trata de problemas públicos (como su barrio). Solo el 18% está dispuesto a colaborar de manera incondicional; el 82% restante lo haría de manera condicional (si el resto también se compromete) o, simplemente, no están dispuestos a hacerlo. Sólo el 11,6% de la población pueden ser considerados colaboradores activos en todos los ámbitos de la vida. Ello contrasta con la disposición a colaborar dentro de la familia (63% lo haría de manera incondicional). Otro importante descubrimiento de esta encuesta es que existe un fuerte vínculo entre confianza y disposición a colaborar. Si desconfío, no colaboro. Como sabemos la desconfianza ha crecido no solo respecto de las instituciones, sino también entre las personas. Aquí es donde hay que actuar.

Si no cambia la disposición a colaborar, los grandes problemas del país seguirán sin ser resueltos. Los 10 años de discusión en torno a la reforma de pensiones, sin que se haya producido ningún avance -más bien un retroceso: hoy hay menos acuerdos que hace unos años- es el más vivo ejemplo de ello. Pero algo similar ocurre con la seguridad y el crecimiento, donde el país está estancado o retrocediendo. 

El punto de partida, según lo que concluye esta encuesta, es recuperar la confianza. Para ello, lo primero es fortalecer el diálogo transparente, abierto y honesto entre las personas (en su barrio o comuna), y de la ciudadanía con las instituciones (participación ciudadana).  Para que el diálogo construya confianza, debe conllevar la escucha respetuosa de todas las partes involucradas, respetando las diferencias y buscando el bien común. Sobre ese piso se puede y debe avanzar en la colaboración para cumplir los compromisos que se adquieran, siendo coherente entre lo que se dice y se hace e informando de manera transparente y fidedigna, lo que a su vez refuerza la confianza. 

Si el primer paso es dialogar, la pregunta natural es dónde y entre quiénes se está dialogando respecto de los problemas que aquejan al país. ¿Dónde se sientan todas las partes interesadas a conocerse, convenir un diagnóstico de los problemas que se quieren enfrentar, acordar soluciones y comprometerse a colaborar para lograrlas?. Respecto de la seguridad, el crecimiento o la sequía, por mencionar algunos, no parece haber ese lugar. Constituirlo debiese ser el primer paso para que la colaboración transite de una necesidad o deseo a una práctica personal e institucional. El segundo paso es que los actores concurran con la disposición a construir acuerdos, aceptando las diferencias. Si se trata de problemas públicos, el primer responsable de convocar al diálogo son los gobiernos, nacional, regionales y locales. Sin diálogo y colaboración, permanecerá el estancamiento en que nos encontramos.